El presidente de Fadeco plantea un fondo público para ayudar a familias que tengan que abandonar sus viviendas por no poder pagarlas.
En medio del ruido político que generan casos muy polémicos, como el reciente desahucio de Maricarmen, en Madrid, y en ausencia de medidas que hasta ahora hayan logrado mejorar la situación de las personas que se enfrentan a la pérdida de su vivienda, desde el sector inmobiliario en Andalucía se ha lanzado una propuesta novedosa, que podría abrir una nueva vía para hacer frente a estos casos.
La idea, que abandera el malagueño Ignacio Peinado, presidente de Fadeco Promotores, está destinada a crear un sistema público «para las personas o familias que, después de muchos años cumpliendo con sus obligaciones, terminan perdiendo la vivienda en la que han desarrollado buena parte de su vida», indica el experto inmobiliario.
El sistema está pensado para familias que llevan años pagando regularmente su alquiler o su hipoteca y sufren una mala racha temporal.
«Deberíamos preguntarnos si nuestro sistema de protección social no tiene todavía una asignatura pendiente», reflexiona. En este contexto, Peinado se fija en la actual protección por desempleo. «Cuando una persona que lleva años trabajando pierde su trabajo, nuestro sistema no obliga al empleador a mantenerla en su puesto. Ni siquiera se negocia que continúe trabajando durante un tiempo más. Tampoco el Estado tiene que encontrarle un puesto equivalente en otra empresa. Lo que hacemos es proteger económicamente a esa persona».
Un «paro» para la vivienda.
Por tanto, la idea es aplicar una lógica similar a determinadas situaciones de pérdida de la vivienda. En este punto, el presidente de Fadeco establece claramente quiénes serían los beneficiarios: «Personas y familias que llevan años pagando regularmente su alquiler o su hipoteca y sufren una circunstancia sobrevenida que les impide continuar haciéndolo». Si finalmente debe abandonar su vivienda, se podría activar «un subsidio habitacional, de manera semejante a cuando la pérdida del empleo activa la protección por desempleo».
«La idea es un subsidio habitacional, de manera semejante a cuando la pérdida del empleo activa la protección por desempleo».
La protección se concretaría en una prestación pública que le permita afrontar durante un tiempo el coste de otra casa, y cuya cuantía y duración dependan de sus circunstancias, de su situación económica y de su trayectoria anterior; igual que la protección por desempleo no es la misma para todos los trabajadores.
En este punto, Ignacio Peinado recalca que no se trata de proteger a los okupas. «Si una persona entra en una vivienda por la fuerza o sin título y finalmente es desalojada, ese desahucio no debería generar derecho al subsidio habitacional. Debe abandonar la vivienda cuanto antes, y el hecho de haberla okupado no puede convertirse en la puerta de entrada a una prestación».
«En el extremo contrario está quien lleva años cumpliendo con el pago de su alquiler o de su hipoteca y, como consecuencia de una pérdida de ingresos, una enfermedad, una ruptura familiar o cualquier otra circunstancia sobrevenida y acreditable deja de poder asumirlo y finalmente pierde su vivienda. Es ahí donde debería aparecer la protección».
La ayuda tampoco tendría que ser necesariamente igual para todos, sino que podría darse una duración vinculada al tiempo durante el cual se hayan venido cumpliendo las obligaciones, unos límites máximos y una cuantía relacionada con las circunstancias familiares y el coste razonable de un alquiler. Todo ello, sujeto a requisitos objetivos de renta, de cumplimiento previo y de ausencia de fraude, entre otros.
«Un sistema así sería más justo, precisamente porque permitiría actuar con rapidez frente al fraude, el abuso o la okupación sin título, y ofrecer una protección económica a quien verdaderamente ha sufrido una contingencia y que, después de años de cumplimiento, por una circunstancia sobrevenida, no se encuentre solo al otro lado de la puerta», recalca el presidente de Fadeco. «No estamos hablando de sustituir la responsabilidad individual, sino de impedir que un accidente económico puntual termine convirtiéndose en una exclusión residencial permanente».
En este punto, Peinado recalca que para acceder a la ayuda, el afectado tendría que abandonar el domicilio que no puede seguir pagando, «para no poner en riesgo la seguridad jurídica del propietario o del acreedor». «Esto también tendría un importante beneficio, ya que habría menos procesos judiciales, con un ahorro económico para la administración y un considerable desatasco de los juzgados».
¿Cómo se paga?.
Sobre la financiación de este nuevo sistema, su impulsor asegura que no tendría necesariamente que representar un esfuerzo extraordinario para las cuentas públicas. «Podría estudiarse incluso la creación de un fondo de protección habitacional, una aportación muy pequeña distribuida sobre una base muy amplia puede construir una red de protección potente cuando alguien realmente la necesita». «Hay que hacer los números y diseñarlo técnicamente bien, pero la idea fundamental es cambiar la lógica: no esperar al desahucio para descubrir que tenemos un problema».
En cuanto a los propietarios de las viviendas alquiladas con impagos, el impulsor de la medida reflexiona: «Esto aporta mucha seguridad jurídica al propietario y al acreedor, porque acelera la salida de quien ha dejado de pagar, de manera que será requisito que no alargue esta situación de vulnerabilidad e inseguridad para estos». «A la vez, el inquilino recibirá una ayuda económica para los siguientes meses, que podrá destinar a otra vivienda o a recomponer su situación. Con esto, se daría seguridad a todas las partes».
Por último, ante el riesgo de fomentar el impago para acogerse a la nueva ayuda, Peinado recalca que el acceso a la prestación deberá estar vinculado al cumplimiento previo y a circunstancias sobrevenidas y acreditadas. «No se trata de premiar el incumplimiento sino justamente de proteger el cumplimiento. Si una persona lleva años atendiendo rigurosamente sus obligaciones y sufre una situación excepcional, el sistema debería reconocer ese comportamiento previo, igual que tenemos protección cuando perdemos el empleo».
