El modelo planteado por Fadeco, que ha sido bien acogido por la Junta de Andalucía aunque en principio está pensado como una medida estatal, plantea un modelo similar al subsidio por desempleo que estiman que costaría 50 millones de euros en la comunidad autónoma.
02.10.2026
En pleno debate público por la crisis de la vivienda acentuado en los últimos días por el desahucio de Maricarmen en Madrid, la federación de promotores andaluces Fadeco ha lanzado una propuesta alternativa dirigida a todas las administraciones, especialmente al Gobierno de España: la creación de una ayuda por la pérdida de una vivienda con un modelo similar al que existe a través de la prestación pública por desempleo. Una ayuda directa dirigida al inquilino o al propietario de una vivienda hipotecada que por uno u otro motivo no haya podido afrontar los pagos de su inmueble con una duración máxima y condicionada a que encuentre una alternativa habitacional.
“De la misma manera que el Estado protege a una persona en situación de desempleo lo que planteamos es que se debe proteger a una persona que haya perdido su vivienda por motivos económicos. No se debe dejar tirada a esta persona pero la responsabilidad de que esto ocurra no debe recaer exclusivamente sobre el propietario. Por eso planteamos un modelo similar al desempleo. Quien haya estado pagando sus rentas de alquiler o sus cuotas de hipoteca y por una circunstancia sobrevenida no pueda seguir asumiéndolo debe tener una ayuda pública”, explica el presidente de Fadeco Promotores, Ignacio Peinado.
La federación ha hecho incluso sus cálculos del coste que podría tener esta iniciativa: entre 50 y 60 millones de euros en una comunidad como Andalucía. “Esto supondría una mínima parte del presupuesto que ejecuta el Gobierno de España en Andalucía. No tendría impacto alguno ni requeriría de la creación de nuevas figuras fiscales”, explica Peinado, quien apunta que el desarrollo de esta medida debería ser similar al del desempleo también en cuanto a plazos y criterios: “Esa ayuda tendría una duración determinada y se podría solicitar en circunstancias determinadas, una vez concedida el ciudadano podrá decidir cómo la emplea para conseguir una alternativa habitacional a la vivienda de la que disponía”.
En cuanto a las competencias, la iniciativa planteada por Fadeco apunta principalmente al Gobierno de España para que se articule como una prestación pública similar a otras existentes, pero, como subrayan, no existe ninguna limitación para que una comunidad autónoma, como la Junta de Andalucía, en el marco de sus competencias y sus recursos pueda explorar una vía de estas características.
Fadeco ya irrumpió en el debate sobre la aprobación de la Ley de Vivienda de Andalucía con una propuesta que fue analizada aunque finalmente descartada por el Gobierno autonómico: la declaración de una situación de emergencia habitacional que permitiera arbitrar mecanismos extraordinarios en la contratación de obras públicas o en la realización de trámites administrativos para acortar todos los plazos y dar soluciones urgentes ante el elevado déficit de viviendas. En esta ocasión su propuesta, avanzada por el diario Sur, ha sido acogida con interés por administraciones como la Junta de Andalucía. Su portavoz, Carolina España, ya anunció el pasado miércoles que se estaba “estudiando” por parte de la Consejería al mismo tiempo que rechazaba los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros.
Preocupación con los nuevos decretos de vivienda
Fadeco ha acogido con preocupación los dos nuevos decretos aprobados por el Gobierno de España en materia de vivienda que se someten este viernes a debate en el Congreso de los Diputados. Los promotores no temen que, de momento, afecten directamente a los proyectos de obras en marcha o a los diseñados a corto plazo pero sí pueden cambiar los usos previstos y que se reduzca la oferta en alquiler.
“En España hay un millón de familias que buscan una vivienda que no existe. El precio elevado es una consecuencia de la escasez. Toda medida que no vaya dirigida a aumentar la oferta va en el sentido equivocado. ¿Estos decretos harán que haya más viviendas en el mercado o menos? Derivan toda la responsabilidad hacia los propietarios cuando quien tiene que estar ahí es el Estado”, apunta el presidente de los promotores andaluces que apunta que estas normativas van dirigidas a “administrar la escasez y a enfrentar a unos contra otros”. “La crisis de la vivienda no se puede resolver con un debate de unos contra otros. De propietarios contra inquilinos, de vencedores y vencidos. Tenemos que encontrar medidas que sumen”, concluye.
Fuente: El Correo de Andalucía.


